El candidato presidencial blanco Luis Alberto Lacalle tiene varias respuestas y un advertencia importante para aquella gente que pide mano dura y bien pertrechada como forma de enfrentar la delincuencia. “Si queremos seguridad tenemos que pagarla”, advirtió ayer el líder blanco al lanzar varias propuestas para combatir el delito que van desde un aumento salarial generalizado para la Policía hasta la construcción de cárceles campestres y regionales para recuperarlos de los “apartamentos siniestros” en los que se han convertido los grandes centros de reclusión.
Más allá de la histeria de la crónica roja y de las cifras del gobierno –que muestran una reducción global de los delitos–, la inseguridad pública se ha convertido en uno de los arietes utilizados por la oposición para golpear la gestión de la izquierda, a la que acusan de ejercer una escasa autoridad y de someter a los uruguayos al miedo que conlleva la falta de libertad.
Ayer en el edificio anexo del Palacio Legislativo, Lacalle y su compañero de fórmula Jorge Larrañaga presentaron formalmente su propuesta de convertir la Guardia Republicana en una Guardia Nacional Republicana integrada por unos 2.000 efectivos, y de aplicar sanciones más severas a los menores de entre 16 y 18 años que cometan delitos gravísimos. Rodeados de legisladores de las corrientes mayoritarias del Partido Nacional, Lacalle y Larrañaga señalaron que los asuntos vinculados con la seguridad pública son “especialmente sensibles” y prometieron que, si llegan al gobierno, los blancos “fortalecerán el sentido de la autoridad que se ha perdido”, y reforzarán el presupuesto para el Ministerio del Interior.
La exposición de los líderes blancos fue pródiga en calificativos negativos cuando aludieron a la cantidad de delitos que se están cometiendo.
“Padecemos una ola de inseguridad”, “necesitamos un ministro que ejerza a pleno su autoridad”, “se precisa mano firme”, “cuando la gente tiene miedo pierde la libertad”, “hay que darle pleno respaldo a la Policía para que se sepa quién manda”, dijeron los dirigentes nacionalistas.
También prometieron un inmediato llamado a licitación para la construcción inmediata de cárceles en régimen de concesión de obra pública.
“Con el actual hacinamiento se están violando los derechos humanos de los presos”, afirmó Lacalle.
“Estilo campestre”. Los blancos también quieren más penas alternativas “porque no todo es prisión y encierro”. Pusieron como ejemplo el caso de alguien que roba por primera vez una bicicleta y que, entienden, no merece ser encerrado pero sí enviado a trabajar sábados y domingos limpiando un hospital. Lacalle y Larrañaga pretenden hacer trabajar a los presos en “cárceles de estilo campestre”.
“Serían establecimientos rurales para que puedan trabajar muchos de los que hoy están hacinados en esa especie de apartamentos siniestros”, dijo Lacalle.
Los nacionalistas consideran que esa es la mejor manera de descomprimir las cárceles y evitar recurrir “a la terrible idea” aplicada por el Frente Amplio de soltar presos a través de la ley de Humanización Carcelaria.
Lacalle dijo que hay que distinguir entre la “la inversión que se aplica a la educación, la salud y la pobreza” y el gasto público, en el que hay “millones y millones de dólares para recortar”.
El presidenciable nacionalista señaló que con la plata que obtenga de esos recortes resolverá un aumento general de salario para la Policía, y luego irá eliminando el servicio 222 para que los funcionarios puedan dedicarse de lleno a su actividad esencial. “Si queremos seguridad, tenemos que pagarla”, afirmó.
Propuestas blancas
Rehabilitación. Creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil (INRJ) donde serán internados los adolescentes de entre 16 y 18 años que cometan delitos gravísimos. Se realizarán modificaciones al Código Penal y al Código de la Niñez y la Adolescencia para que a esos menores se les puedan aplicar hasta 10 años de privación de libertad. Incluso serán penalizados cuando cometan delitos de tentativa o coautoría. No se borrará el historial delictivo de los menores que cumplan la mayoría de edad.
Guardia Nacional. La actual Guardia Republicana será convertida en una Guardia Nacional Republicana de 2.000 efectivos trasladados del Ejército a los que se les dará preparación policial y jurisdicción nacional.
Alternativas. Instaurar nuevas penas alternativas para los delincuentes primarios o para aquellos que cometan delitos menores.
Sentencia. Evitar que haya gente presa durante años sin sentencia reformando el Código del Procedimiento Penal.
Comisarías. Crear nuevas comisarías respetando el crecimiento urbano.
Penas. Agravamiento de las penas para aquellos delincuentes que asesinen a una persona que se encuentra desempeñando su trabajo, como puede ser el caso de conductores de ómnibus o taxistas.
Drogas. No habrá salidas transitorias para los presos condenados por tráfico de drogas. Esto es para impedir que vuelvan al negocio en goce de ese beneficio.
Procedimientos. Se proponen mejoras en los sistemas de comunicación y patrullaje para reducir los tiempos de respuesta a los pedidos de auxilio.
Archivo. Creación de un registro computarizado de datos criminales y un archivo de identificación genética. Inversiones para aumentar la capacidad científica en la investigación de delitos.
222. Será reformulado sin afectar los ingresos de los policías.
Testigos. Adopción de medidas especiales para la protección de víctimas, testigos y peritos en procesos penales.
Drogas. Se atribuirá competencia a la Guardia Nacional Republicana en el combate al tráfico de drogas y en particular a la pasta base.
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